El 1 de julio del 2027 es la fecha límite fijada por el gobierno para aplicar la Ley Antifraude. Una ley aprobada en el 2021 que se centra en la lucha contra el fraude fiscal y que tiene en la factura electrónica su medida estrella. Una ley, que entre otras cosas, va a cambiar la forma en la que las empresas facturan en España.
Esta ley, aunque está aprobada en el 2021, su aplicación se ha ido retrasando en distintas ocasiones, Se esperaba que para el 2025 todas las empresas facturaran siguiendo los protocolos que marca la nueva ley; después se retrasó al 2026 y por último se ha prologado el plazo al comienzo del segundo semestre del 2027.
Esto se ha hecho para crear las mejores condiciones para que todas las empresas y autónomos se pudieran acoger a ella. Puesto que su aplicación supone un cambio radical en la facturación. Las facturas a partir de la aplicación de esta ley, solo se podrán crear con un software que funcione con lenguaje XML y que permita a la agencia tributaria hacer un rastreo de su trazabilidad. Es decir, descubrir cuando se creó la factura, quien la emitió y si ha sufrido algún tipo de modificación.
De esta manera también se consigue uniformar todas las facturas que se emiten en España. Utilizando un formato digital común que va a facilitar la intervención de la Agencia Tributaria; frente a la situación que se da ahora mismo, donde aparecen facturas de distinto tipo: facturas en papel que ha sido escaneadas, facturas en PDF, en Excel, etc.
Hacienda, por tanto, centra la lucha contra el fraude fiscal en la verificación de las facturas. Estos son algunos puntos relevantes de la Ley 11/2021, conocida como “Ley Antifraude.”
La factura electrónica.
El eje central de la ley es la aplicación de la factura electrónica. Una factura, que como dice la Agencia Tributaria no es un documento que se pueda enviar por correo electrónico, sino que debe ser creado por un software autorizado y compatible con los sistemas informáticos utilizados por Hacienda.
La factura electrónica es un documento digital que sustituye a la factura tradicional en papel, pero mantiene su misma validez legal siempre que cumpla determinados requisitos. Al igual que cualquier factura, debe incluir los datos fiscales completos del emisor y del receptor, así como el nombre o razón social, la dirección y el NIF. Además, es necesario que el destinatario acepte la factura para que tenga validez.
Una de sus principales características es que no se trata de un simple archivo en PDF o de una imagen escaneada, sino de un documento con un formato estructurado. Habitualmente se genera en lenguajes como XML, lo que permite que los sistemas informáticos puedan leerla e integrarla automáticamente en programas de contabilidad y gestión. Esto facilita el tratamiento de los datos y evita tener que introducir la información manualmente.
Para que sea válida, la factura electrónica debe cumplir tres principios básicos. El primero es la legibilidad, que garantiza que el contenido pueda interpretarse correctamente. El segundo es la autenticidad, que asegura la identidad del emisor mediante mecanismos como la firma digital. Este sistema permite verificar que la factura procede realmente de quien la ha emitido. Y el tercer principio es la integridad, que certifica que el documento no ha sido modificado desde su creación, ya que cualquier cambio queda registrado.
Otra característica destacada es la trazabilidad. La factura electrónica permite seguir todo su recorrido, desde su emisión hasta su recepción, lo que aporta mayor control y seguridad. Está factura está diseñada para cumplir con la normativa fiscal vigente, lo que refuerza su validez jurídica.
El sistema Verifiactu.
La Agencia Tributaria señala que Verifactu será el sistema clave para implantar la factura electrónica en España. Se trata de un marco tecnológico que deben seguir los programas de facturación, con el sentido de facilitarle a Hacienda la verificación de las facturas.
En la práctica, esto significa que los software utilizados por empresas y autónomos para facturar, deberán adaptarse a unos requisitos técnicos específicos para poder operar conforme a la ley.
Uno de los aspectos más relevantes de Verifactu es la forma en la que las facturas pueden comunicarse a Hacienda. Existen dos modalidades. La primera es el envío inmediato, en el que el propio programa remite la factura a la administración tributaria al mismo tiempo que se la envía al cliente. En este caso, la factura queda registrada casi en tiempo real y debe ser validada tanto por el destinatario como por la propia Agencia Tributaria para tener plena validez legal.
Este sistema no impide realizar modificaciones posteriores, pero sí introduce un mayor nivel de control. Cualquier cambio que se haga en la factura queda registrado automáticamente por el software, incluyendo información como la fecha, la hora o el usuario que ha realizado la modificación. De este modo, se garantiza la trazabilidad del documento en todo momento.
La segunda modalidad es el envío diferido. En este caso, las facturas se remiten a Hacienda cuando esta lo solicita, por ejemplo durante las liquidaciones de impuestos o en procesos de comprobación. Aunque el envío no sea inmediato, el sistema sigue registrando todos los movimientos y cambios, lo que permite a la administración revisar la información en cualquier momento.
La Ley Crea Crece.
La Ley 18/2022, sobre “Creación y Crecimiento de Empresas” es una ley independiente a la Ley Antifraude, pero que la complementa y la desarrolla en algunos aspectos. Especialmente, en fijar la obligatoriedad de la factura electrónica en las operaciones B2B. Es decir, en la venta de bienes o servicios de una empresa a otra.
Esta Ley, también facilita los trámites para constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada. Mientras que antes para crear una S.L. era necesario tener un capital social mínimo de 3.000 €, ahora se puede abrir con un capital social de 1 €, con el compromiso de ir ampliándolo en los años sucesivos.
La Ley también promueve la creación de empresas a través de plataformas telemáticas como CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas), lo que agiliza bastante los trámites.
Lo más interesante respecto al tema que estamos hablando, es el desarrollo que esta ley hace de la factura electrónica. La ley pone el foco en uno de los problemas más habituales que afectan a las pequeñas y medianas empresas: la morosidad y los retrasos en los pagos. Para hacerle frente, se impulsa la obligatoriedad de la factura electrónica en las operaciones entre empresas y profesionales.
El objetivo de esta medida es doble. Por un lado, fomentar la digitalización del tejido empresarial, facilitando procesos más ágiles y eficientes. Y por otro, mejorar el control sobre los plazos de pago y reducir la morosidad. Al quedar registradas y trazadas digitalmente, las facturas electrónicas permiten hacer un seguimiento más preciso de cada operación.
En este contexto, comprender cómo funciona la facturación electrónica y adaptarla al funcionamiento del negocio deja de ser una opción y pasa a ser una obligación y una necesidad inmediata para autónomos y empresas. El gobierno ha dado un plazo generoso para adaptarse a ella, pero no hay que dormirse en los laureles.
Los software de facturación.
Para emitir las facturas, los software deberán cumplir una serie de requisitos. Estos programas no solo deben servir para emitir facturas, sino también para asegurar que toda la información registrada sea fiable, completa y verificable por Hacienda y otros organismos públicos.
Uno de los aspectos fundamentales es el registro automático de la facturación. Cada vez que se realiza una venta o se presta un servicio, el software debe generar de forma inmediata un registro de esa operación. Este proceso debe hacerse sin retrasos, evitando que puedan existir facturas no declaradas o fuera del sistema.
Otro requisito clave es la inalterabilidad de los datos. Una vez creada la factura, la información no puede modificarse libremente ni por el usuario ni por el propio programa. Si se necesita realizar algún cambio, este debe quedar registrado, garantizando así la integridad del documento y evitando manipulaciones indebidas.
La trazabilidad también juega un papel esencial. El sistema debe permitir seguir el rastro de cada factura desde su origen hasta su estado final. Para ello, los registros se encadenan entre sí, facilitando su verificación por parte de la administración. El software debe guardar un historial completo de la creación, accesos y modificación del documento, así como de todas las operaciones que se han hecho con él. Estos programas, además, deben adaptarse al sistema Verifactu, asegurando su conexión con la Agencia Tributaria y el cumplimiento de la normativa vigente.
Los creadores de Erploop, uno de estos software de facturación, que además ofrece prestaciones extra como la emisión de facturas de forma automática en pagos recurrentes o la gestión multiempresa, hablan de una característica añadida, que es de suma importancia, la integración con otras herramientas de gestión digital de la empresa. Desde programas de contabilidad hasta sistemas de gestión bancaria que operan por medio de la banca online.
Unos software que no solo cumplen con la ley, sino que facilitan los trabajos administrativos en la empresa.
Cómo va a afectar la ley antifruade a las empresas.
La aplicación de la Ley se ha ido retrasando, eso es cierto, pero como explica el periódico La vanguardia, la ley se ha redactado para aplicarse y va a suponer una revolución en el funcionamiento interno de las empresas. Todas estas prórrogas no han sido tiempo perdido. La agencia tributaria ha aumentado un 20% el control sobre los programas de facturación.
De entrada, la factura electrónica va a ser obligatoria para todas las facturas que un autónomo o una empresa emita a otra empresa; y ya lo está siendo para todos los trabajos que se realicen para las administraciones públicas.
La ley obliga a las empresas a hacerse con un software homologado y compatible con el sistema Verifactu. Y, por tanto, a formar a sus empleados en la utilización de estos programas.
A partir del año que viene, quedan terminantemente prohibidos los software de doble uso. Esos software que trabajan una doble contabilidad, una interna para la empresa y otra de carácter oficial.
Formatos como Word, Excel o PDF quedan excluidos para siempre en el proceso de facturación. Por otro lado, se va a hacer costumbre el uso de medios de autentificación electrónico como la firma digital o los códigos Hush, que serán obligatorios en el manejo de los programas de facturación.
La ley no está exenta de penalizaciones. No aplicarla implicará sanciones económicas para autónomos y empresas que pueden alcanzar los 50.000 €.
Todo ello sin olvidar que sin aplicar la factura electrónica no se podrá trabajar para la administración y se tendrá limitado el acceso a subvenciones y ayudas públicas, sobre todo, si hay que justificar el gasto de la cantidad entregada mediante su comprobación en facturas.
Asuntos pendientes.
La ley antifraude enfoca la lucha contra el fraude fiscal en la transparencia del proceso de facturación, sin embargo, como señala el periódico El Economista, España tiene 195.000 millones de euros en paraísos fiscales. Lo que viene a representar un 13% de la riqueza del país. Las arcas públicas dejan de recibir alrededor de 30.000 millones de euros cada año por este capital que se encuentra escondido fuera del alcance del fisco.
Algunas multinacionales desvían a paraísos fiscales el 16% de sus beneficios, lo que supone una evasión de impuestos de 4.000 millones de euros en el pago del impuesto de sociedades.
En todo este entramado, destaca el papel que cumplen las sociedades fantasma, cuyo patrimonio y actividad representa casi la mitad del capital escondido a Hacienda.
Una vez más, los recursos de Hacienda se ponen al servicio de desenmascarar la economía sumergida y las tretas a las que pequeños empresarios y autónomos recurren para ahorrarse algo de dinero. Pero en la ley anitfraude deja un capítulo sin abordar. El que probablemente represente el mayor fraude fiscal de todos. El que comenten grandes fortunas y empresas escondiendo su capital lejos de las manos del fisco.